
Las ONG advierten de que los más perjudicados van a ser, como siempre, los más vulnerables -pequeños agricultores, pastores, tribus indígenas-, y cuestionan el impacto medioambiental de roturar nuevas tierras para cultivos intensivos con uso extensivo de pesticidas, herbicidas y abonos. Ante las presiones, Paraguay ha aprobado una legislación que prohíbe la venta de tierras a extranjeros (después de que un campesino resultara muerto de un disparo de la policía cuando pretendía desalojarlo de la finca comprada por un brasileño para cultivar soja). Otros países suramericanos, como Uruguay, se lo están planteando, y Brasil está en proceso de cambiar su legislación para dotar de mayor transparencia y participación local a las operaciones con activos extranjeros.
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