Trampas de CO2 en España

La captura y almacenamiento bajo tierra del dióxido de carbono (CO2) ya no es sólo materia de investigación científica, sino que las empresas interesadas pueden empezar a hacer cuentas. El Gobierno ha elaborado la primera legislación en España sobre esta innovadora forma de lucha contra el cambio climático. Se sientan así las bases para las que serán las licencias de explotación de los futuros agujeros de carbono.

Fuente: www.minas.upm.es

Los ministerios de Industria y Medio Ambiente creen que esta regulación contribuirá al objetivo de la UE de 2020 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%. Paralelamente se tramita el anteproyecto que regula el comercio de derechos de emisión, según el cual éstos pasarán a ser subastados, en lugar de las asignaciones gratuitas actuales. Ambas medidas entrarán en vigor en 2013.

La nueva normativa pretende que el confinamiento geológico del carbono sea indefinido. El Estado se hará cargo de ellos cuando haya quedado demostrado, al menos durante 20 años, que el CO2 está almacenado de forma segura, sin fugas. En España, el Instituto Geológico y Minero está elaborando un mapa geológico en este sentido.

Como informó este diario, el Ministerio de Industria ya reservó 11 emplazamientos por toda España como posibles candidatos. El proyecto piloto se está llevando a cabo en la Ciudad de la Energía de Ponferrada (León).

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Año nuevo, misma historia

Es bien conocido el dicho de "Año nuevo, vida nueva", pues en lo que se refiere al cumplimiento por parte española del protocolo de Kyoto seguimos con la misma historia, ya que España va a ser el primer gran comprador de derechos de emisión de dióxido de carbono en países del Este de Europa. El Ministerio de Medio Ambiente ya ha cerrado la compra de 6 millones de toneladas de CO2 en Hungría y negocia con Polonia, Ucrania, la República Checa, Letonia, Lituania y Estonia para conseguir cumplir el Protocolo de Kyoto mediante la compra de los excedentes que estos países lograron con el cierre de las fábricas comunistas tras la caída del muro de Berlín.

Con estos acuerdos en el Este, España abre la puerta a uno de los mecanismos más controvertidos del Protocolo de Kyoto, el punto que se creó para que Rusia firmara y que beneficiaba a los países ex comunistas. En 1990 estos Estados tenían fábricas muy contaminantes que cerraron, de modo que ahora pueden vender esos derechos de emisión. Los críticos argumentan que eso no redunda en una mejora del medio ambiente (las fábricas cerraron por ineficientes). El Gobierno afirma que ha vinculado su inversión en estos países (pueden alcanzar cientos de millones de euros, pero Medio Ambiente dice que aún ignora la cifra) a que lo inviertan en energías renovables y en protección del medio ambiente.

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