El Gobierno ha decidido apostar por la incineración sin ambages. El borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 (PNIR) establece entre sus objetivos el incremento de la capacidad de incineración -llamada técnicamente, "valorización energética"- de los residuos sólidos urbanos en un 30% (600.000 toneladas) hasta 2012, con respecto a las cifras del año base (2006). Es cierto que el texto hace también un mayor énfasis en la necesidad de subir las cifras de reutilización y reciclaje, pero su nada disimulada apuesta por la incineración, que supondrá la construcción de nuevas plantas, ha reavivado el debate en torno a un sistema criticado por contaminante.
El aumento de la generación de residuos y la tendencia de las legislaciones europeas y española de llegar al "vertido cero" (desaparición de los vertederos) obliga a tomar medidas en todos los ámbitos, desde la prevención a la quema. Pero como ya ocurriera con un plan diseñado por el Gobierno socialista en 1988 -en aquella ocasión eran incineradoras de residuos industriales y ahora son urbanos-, esta solución para la gestión de las basuras no convence a grupos ecologistas, asociaciones vecinales y sindicatos, al entender que desincentiva la prevención, la reutilización y el reciclado y causa emisiones contaminantes a la atmósfera.
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