Madrid, Andalucía, Baleares, Canarias, Valencia, Murcia y La Rioja son las autonomías que más han aumentado sus emisiones (todas por encima del 75%) entre 1990 y 2006. El Ministerio de Medio Ambiente, que había mantenido hasta ahora ocultos estos datos por comunidades, acaba de publicar la información.
Si el Gobierno central y las Administraciones autonómicas quieren enfrentarse seriamente al problema de Kyoto tienen que ser conscientes, en primer lugar, de que, además de las invocaciones de rigor, deben adoptarse políticas muy estrictas de control energético e imponer medidas muy concretas que tienen costes políticos y económicos elevados. Hay que recordar que falta un programa de ahorro energético, hay que endurecer todavía más los estándares de emisión de los automóviles, considerar de una vez por todas los costes y la oportunidad de limitar el tráfico por el centro de las ciudades y la velocidad de conducción en zonas urbanas, un debate serio sobre la energía nuclear -menos contaminante que el carbón o el petróleo- y un plan de reforma del transporte que traslade parte de la oferta desde la carretera al ferrocarril. Estas políticas están olvidadas o aplazadas por motivos inexplicados.
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