Con estos acuerdos en el Este, España abre la puerta a uno de los mecanismos más controvertidos del Protocolo de Kyoto, el punto que se creó para que Rusia firmara y que beneficiaba a los países ex comunistas. En 1990 estos Estados tenían fábricas muy contaminantes que cerraron, de modo que ahora pueden vender esos derechos de emisión. Los críticos argumentan que eso no redunda en una mejora del medio ambiente (las fábricas cerraron por ineficientes). El Gobierno afirma que ha vinculado su inversión en estos países (pueden alcanzar cientos de millones de euros, pero Medio Ambiente dice que aún ignora la cifra) a que lo inviertan en energías renovables y en protección del medio ambiente.
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